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Pronunciamiento 5

sobre ley de presupuesto extraordinario con un recorte del gasto de 327.974 millones de colones y ley de suspensión del 15 % de la jornada laboral

16 de julio de 2020

 

El pasado lunes 13 de julio de 2020, la administración de Carlos Alvarado Quesada presentó a la Asamblea Legislativa, dos proyectos de ley para la reducción del gasto público: la ley de presupuesto extraordinario, con un recorte del gasto de 327.974 millones de colones, y la otra ley para suspender, por doce meses, el 15 % de la jornada laboral de 35 mil empleados públicos cuya remuneración bruta mensual supere los 1,5 millones de colones.

A raíz de esa iniciativa del Gobierno, el Decanato informa que el Consejo Asesor Ampliado de la Facultad de Ciencias Sociales, integrado por las personas directoras de las Escuelas y los Institutos de Investigación, así como la representación de los Centros de Investigación, Programas de Posgrado  y del Estudiantado de nuestra Facultad, en sesión extraordinaria N.° 46-2020 del martes 14 de julio de 2020, determinó manifestar lo siguiente:

 

  • La Benemérita Universidad de Costa Rica, desde su fundación en 1940, heredera de la Reforma Social y baluarte de la democracia nacional, tiene por meta contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común.
  • La Facultad de Ciencias Sociales es una piedra angular de ese objetivo de la Universidad por representar tanto un bastión de lucha contra la desigualdad y la exclusión social, como un espacio para la defensa de nuestro Estado Social de Derecho.
  • La emergencia sanitaria provocada por el coronavirus no debe ser instrumentalizada por el Gobierno o los sectores de grandes empresarios nacionales para instalar una agenda orientada a desmontar el Estado Social de Derecho costarricense.
  • La crisis provocada por el COVID-19 confirma la importancia de contar con instituciones públicas eficaces para proteger las vidas y los medios de subsistencia de las personas. En distintos países, se demuestra que una institucionalidad pública sólida ha sido vital para enfrentar con mejor suceso la pandemia.
  • La reducción del gasto propuesto por el Gobierno le carga al sector educación un 46 % (127.735 millones de colones) del recorte neto de 275.505,5 millones a las distintas partidas incluidas en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República vigente (https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/07/ejecutivo-presenta-medidas-de-reduccion-del-gasto-por-%E2%82%A1-457-674-mil-millones-de-colones/).  
  • La pandemia por el COVID-19 ha profundizado la crisis económica que arrastra Latinoamérica y está afectando directamente los sistemas sociales y educativos públicos. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el informe “Políticas para combatir la pandemia” estima que la caída en el PIB regional impactará los procesos básicos de construcción de capital humano, por lo que llama a fortalecer la capacidad de respuesta mediante políticas para mitigar los efectos y preservar las trayectorias educativas en el largo plazo.
  • La educación pública, particularmente, ha demostrado una gran versatilidad y capacidad para transformar pedagogías, atendiendo las necesidades de la población estudiantil más allá de lo que las mismas infraestructuras institucionales y las condiciones laborales del personal lo permiten. Docentes y personal administrativo han debido trabajar en condiciones precarias muchas veces, utilizando sus propios recursos y aumentando sus gastos para poder continuar con los procesos educativos.
  • La inversión en investigación y desarrollo de Costa Rica se produce en un 77 % en las universidades estatales y un 23 % en el resto del sector público, en contraposición, el Gobierno empequeñece el presupuesto para la investigación y las universidades públicas (https://semanariouniversidad.com/pais/el-pais-pone-sus-ojos-en-los-cientificos-para-enfrentar-la-pandemia/). En 2018, los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) invirtieron en investigación y desarrollo un 2,58 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que Costa Rica dedicó en 2017, un 0,42 % del PIB (https://datos.bancomundial.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS).
  • La pandemia del COVID-19 encontró un campo óptimo para su propagación comunitaria en la falta de inversión pública en viviendas y en opciones habitacionales procuradas por el Estado que obligan a las poblaciones más vulnerables a vivir en condiciones desfavorables (https://semanariouniversidad.com/pais/hacinamiento-y-movilidad-de-la-gente-disparan-crecimiento-de-contagios-en-la-gam/). Paradójicamente, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos que está en función de las necesidades y demandas de los distintos estratos socioeconómicos, se ubica entre las cinco instancias de mayor reducción presupuestaria.
  • La administración de Carlos Alvarado Quesada en concordancia con los intereses de importantes grupos que representan el gran capital en el país, aprovecha la desmovilización social provocada por la emergencia nacional, para llevar adelante en la Asamblea Legislativa, donde también están representados sus intereses, proyectos con tendencias sociales regresivas que ensanchan las desigualdades sociales en Costa Rica, agravan la tendencia observada desde hace más de una década en nuestro país y que ahondó la reforma fiscal realizada en el año 2018. 
  • El Gobierno Central y bancadas mayoritarias del Poder Legislativo atribuyen los costos de la crisis fiscal y de la emergencia sanitaria a la clase trabajadora tanto del sector público como del sector privado; además, han dejado de lado que el presupuesto nacional tiene gastos adicionales que trascienden los salarios.
  • La reducción de jornada que el gobierno propone disfraza un “recorte” salarial que se constituye en un nuevo impuesto sobre la remuneración de las personas trabajadoras del sector público, lo que se suma a otros intentos de confiscar o gravar sus ingresos, como es el caso del salario escolar.
  • La reducción del salario bruto del sector público automáticamente estaría mermando los tributos sociales, donde ya se le descuentan las cuotas del Sistema de solidaridad social pues a mayor ingreso, mayor aporte. Cualquier recorte en los empleos o los salarios de una parte de la fuerza laboral de Costa Rica tiene impacto en los medios de subsistencia de las familias y los encadenamientos que sostienen. Se estima que una reducción del 15 % de la jornada se traduce en términos reales, en un 30 % de rebajo en el salario recibido.
  • La crisis económica y la pandemia han producido que muchas familias de Costa Rica vieran caer sus recursos por la disminución de jornada laboral o pérdida de trabajo de alguno de sus integrantes en el sector privado, por lo que ahora más que nunca, dependen del salario de sus miembros que laboran en el sector público.
  • El recorte propuesto establece excepciones, ya que no afecta a todas las personas trabajadoras del sector público. En particular, deja por fuera a ministros y diputados, así como a personas que cobran dietas, con lo cual se profundiza la desigualdad y se genera un precedente odioso a través de una legislación tendenciosa.
  • El intento de reducir la jornada por razones de solidaridad conlleva una doble afectación al personal público, lo que constituye una medida desproporcionada y sancionatoria por ejercer una función y prestar un servicio público, en vez de propuestas progresistas para el fortalecimiento de la institucionalidad pública.
  • La política actual continúa con una tendencia a aplicar medidas redistributivas regresivas que violan el principio de igualdad, ya que se aplican gravámenes sobre las remuneraciones de la clase trabajadora pública, pero no se dictan acciones impositivas para el sector empresarial, al cual más bien, se le favorece con el “alivio fiscal” y “flexibilidad laboral”.
  • La administración Alvarado Quesada sigue sin tomar en serio la urgencia de revisar las exoneraciones y combatir la evasión y la elusión fiscal, lo que significaría una notable contribución a las arcas públicas y cubrirían buena parte de los recursos necesarios para mantener el “Bono Proteger” y brindar otras transferencias a la emergencia nacional, contener la pobreza y reducir la pobreza extrema.
  • El Gobierno no detalla el efecto fiscal de la contención del gasto vía salarios, la recaudación por el tributo mencionado y la afectación en el presupuesto de la CCSS, FODESAF, en el consumo y la mora bancaria. El Dr. Olman Segura Bonilla, exministro de Trabajo, habla de una reducción superior a los 40 mil millones de colones de contribución a la CCSS, entre los aportes obrero patronales y el 7 % para el IMAS y Asignaciones Familiares. Lo anterior produce un debilitamiento en la capacidad de la CCSS en plena pandemia y desprotección a los grupos sociales más necesitados.
  • Las imprecisiones de los cálculos económicos de la Administración Alvarado Quesada, el sello neoliberal amparado en una supuesta solidaridad y la marcada tendencia social regresiva agravian el derecho universal a la educación pública y su acceso, así como los derechos a la salud y los laborales del sector público.
  • Estas medidas erosionan el Estado Social de Derecho y el contrato sobre el que se ha sustentado la paz y el bienestar social que han caracterizado a Costa Rica en las últimas décadas.


Por lo señalado, el Consejo Asesor Ampliado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica:

 

  • Acepta la necesidad de poner en práctica medidas solidarias para combatir la emergencia sanitaria y sus secuelas sociales y económicas, en cuanto al que “tiene más, que aporte más”, sin exonerar a los sectores empresariales ni a los funcionarios públicos de alto nivel.
  • Reconoce la importancia de “socarse la faja”, pero debe hacerse mediante medidas justas, analizadas y equilibradas que recaigan proporcionalmente sobre los distintos sectores.
  • Expresa su oposición a que la reducción del presupuesto recaiga sobre el sector educativo público, lo que sienta un pésimo precedente para un país que se ha considerado moderno y democrático. El dinero derogado en la educación constituye una inversión y recortarlo provocará graves consecuencias para futuras generaciones de la sociedad costarricense.
  • Convoca al gobierno Alvarado Quesada para que reconozca y fortalezca la institucionalidad pública que ha demostrado solvencia, solidaridad, coraje y lealtad para enfrentar la crisis sanitaria debida al COVID-19.
  • Rechaza la visión del equipo económico del Gobierno que carga al empleo público la responsabilidad de pagar el déficit fiscal y los costos de la pandemia, mientras que exime a los sectores económicos más poderosos y que podrían aportar más recursos para solventar la crisis.
  • Rechaza las medidas anunciadas por la Administración Alvarado Quesada que aplican el “martillo” a la clase trabajadora de manera insensible, desproporcional, injusta y sin estudios profundos sobre las secuelas que tendrían para muchas familias, generando mayor pobreza, desigualdad y malestar social.
  • Hace un llamado a la sociedad costarricense para enfrentar esta emergencia social, defender los derechos laborales y ciudadanos, así como, a exigir al gobierno que el sector trabajador tenga participación en la búsqueda de decisiones justas, racionales y equilibradas para afrontar esta crisis sanitaria.
  • Reafirma que la Facultad de Ciencias Sociales es bastión de defensa de la Reforma Social de Costa Rica, por ello, estará luchando e informando sobre todo aquello que atente contra las bases del bienestar general de la población tanto presente como futura.

 

Dra. Isabel Avendaño Flores, Decana

 

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