Nuestra preocupación por la afectación que provocarían recortes drásticos a instituciones públicas que trabajan con la gestión y el patrimonio cultural
19 de octubre de 2020
La parte del presupuesto nacional que se invierte en cultura y que llega a instituciones como el Ministerio de Cultura y Juventud o las Universidades Públicas, se traduce en una enorme cantidad de iniciativas que dinamizan la vida, el pensamiento crítico, el intercambio, la comunicación de diversas identidades y la protección del patrimonio cultural entre diferentes poblaciones del país. Detrás de la labor de las instituciones públicas que atendemos temas de cultura hay también muchos y muchas profesionales en antropología y estudiantes que aportan al país mediante la gestión cultural y el contacto con comunidades. Como profesionales de la antropología hacemos ver la importancia de mantener un presupuesto de cultura que posibilite y permita la dinámica de la creación y el resguardo del patrimonio cultural a nivel nacional.
Realizar recortes drásticos en el presupuesto de las instituciones públicas que gestionan iniciativas culturales no significará un “ahorro” como algunos grupos políticos promueven. Por el contrario, significa el desestímulo y empobrecimiento de iniciativas que fortalecen nuestra propia cultura.
El derecho a la cultura es un derecho fundamental considerado así en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 27), los cuales son producto de las luchas por el respeto, la igualdad, la autonomía y la emancipación de los pueblos ante la opresión y desigualdad vivida en los últimos siglos. Es por ello que Costa Rica, como Estado miembro del sistema Naciones Unidas, ha generado los mecanismos jurídicos y fomentado la creación de las instituciones necesarias para garantizar la protección y promoción de este derecho fundamental.
Nuestro país, en el artículo 89 de la Constitución Política garantiza el derecho cultural de sus habitantes. Igualmente, en las diversas fuentes del ordenamiento jurídico se establecen los mecanismos legales y las competencias institucionales para su cumplimiento. El recorte de presupuesto al sector cultura propuesto por la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, no sólo pone en riesgo el cumplimiento de la normativa y compromisos asumidos por el país, además vulnerabiliza a los diversos sectores y comunidades que anualmente emprenden actividades para su subsistencia con apoyo y acompañamiento de las instituciones competentes como el Ministerio de Cultura y Juventud y sus entidades adscritas. Con lo que se pone en riesgo las posibilidades de reactivación económica, así como el mantenimiento de espacios públicos de acceso a las distintas personas en todo el país.
Desde las direcciones de la Escuela de Antropología, el Centro de Investigaciones Antropológicas, el Posgrado en Antropología y la Comisión Arqueológica Nacional, manifestamos nuestra profunda preocupación por los recortes que se plantean en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios al presupuesto de las instituciones públicas que gestionamos patrimonio e iniciativas culturales. Asimismo, invitamos a la ciudadanía a hacer eco de estas preocupaciones ante los y las legisladoras, en aras de que la afectación de la crisis económica no se convierta, además, en una crisis en la gestión de iniciativas que incentiven el fortalecimiento de una identidad autónoma que permita la creación de nuevas formas de expresión y libertad cultural y comunicativa.
Un país y un pueblo que invierte en la recreación y la conservación de su patrimonio cultural, aumenta las posibilidades de imaginar un mundo mejor. Hoy más que nunca, es urgente pensar en un mundo mejor.
Dra. Ma. del Carmen Araya Jiménez
Directora
Centro de Investigaciones Antropológicas
Dra. Keilyn Rodríguez Sánchez
Directora
Posgrado en Antropología
Dr. Mario Zúñiga Núñez
Director
Escuela de Antropología
Lic. Adrián Badilla Cambronero
Presidente
Comisión Arqueológica Nacional