
Comunicado 21 -2026
20 de noviembre

Acuerdo del Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (Sesión N.º 158-2026)
De conformidad con los principios y propósitos establecidos en el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica (artículos 4 y 5), en particular con su misión de resguardar y promover los derechos humanos, el pensamiento crítico, el pluralismo democrático y el bien común de la sociedad costarricense, el Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales informa que, en la sesión N.º 158-2026, celebrada el jueves 19 de noviembre de 2026, acordó por unanimidad adherirse al
«Pronunciamiento ante el asesinato del periodista Camilo Rodríguez y el avance de la intolerancia hacia la libertad de expresión, hacemos un llamado al Gobierno y a los liderazgos políticos a asumir su responsabilidad como garantes de este derecho fundamental», fechado el 16 de noviembre de 2026 y emitido por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI), la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC), el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) y la Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Dicho texto se transcribe íntegramente a continuación:
«El asesinato del periodista Camilo Rodríguez es un hecho de extrema gravedad que obliga a encender las alertas sobre las condiciones de seguridad para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en el país. Este lamentable suceso ocurre en un contexto de creciente intolerancia hacia las ideas divergentes, de hostilidad contra las voces críticas y de normalización de distintas manifestaciones de violencia en el debate público.
En los últimos años, se ha incrementado la violencia digital, el hostigamiento y las campañas de deslegitimación contra periodistas y medios de comunicación. En muchas ocasiones, estas prácticas han sido promovidas, amplificadas o legitimadas por discursos provenientes de liderazgos políticos y de las más altas autoridades gubernamentales.
Los discursos estigmatizantes que presentan a la prensa crítica e independiente como enemiga o adversaria, o los ataques sistemáticos contra periodistas por el contenido de sus investigaciones y publicaciones, no son expresiones inocuas. Son acciones que contribuyen a construir entornos de hostilidad, alimentan la intolerancia y pueden incrementar los riesgos para quienes ejercen el periodismo o la crítica política. Cuando estas prácticas provienen de quienes ocupan posiciones de poder, sus consecuencias adquieren una gravedad particular, debido a la responsabilidad y la influencia pública que acompañan el ejercicio de sus cargos.
Desde el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI), la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC), el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) y la Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica recordamos que quienes gobiernan tienen obligaciones reforzadas como garantes de los derechos humanos. Esto implica no solamente abstenerse de vulnerarlos, sino también promover condiciones que permitan su ejercicio efectivo, proteger a quienes se encuentran en situación de riesgo y prevenir la violencia contra las personas periodistas.
La crítica periodística, la fiscalización del poder y la circulación de información de interés público son componentes esenciales de una sociedad democrática y no pueden convertirse en motivos de persecución, intimidación o violencia.
En este sentido, resulta indispensable que las autoridades políticas reconozcan la responsabilidad que tienen en la construcción de un debate público respetuoso del pluralismo y la diversidad de opiniones. La descalificación, la estigmatización y los ataques contra la prensa desde el poder político envían señales profundamente preocupantes sobre la legitimidad de la crítica y el papel que debe desempeñar el periodismo en una democracia. Ningún desacuerdo con una publicación, investigación o posición editorial justifica la hostilidad ni la violencia contra quienes ejercen esta profesión.
Ante el asesinato de Camilo Rodríguez, consideramos indispensable que las autoridades competentes desarrollen una investigación pronta, exhaustiva, independiente y diligente, que permita identificar y sancionar a todas las personas responsables. Ningún crimen contra periodistas puede quedar en la impunidad.
De manera particular, resulta fundamental que la investigación establezca con claridad si existe una relación entre el asesinato y el ejercicio de la labor periodística de la víctima. Esta línea de investigación no puede ser descartada ni relegada. Determinar si el crimen estuvo motivado por sus publicaciones, investigaciones, denuncias o por el ejercicio de su derecho a informar es una obligación indispensable para garantizar justicia y evitar que la violencia se convierta en un mecanismo de censura y silenciamiento.
Las investigaciones de PROLEDI sobre libertad de expresión y seguridad de periodistas en la región centroamericana muestran que los actores político institucionales, los gobiernos y el crimen organizado, entre otros, son las principales fuentes de amenaza para el ejercicio de la libertad de prensa y que el periodismo es una actividad cada vez más riesgosa.
La defensa de la libertad de expresión exige mucho más que declaraciones formales. Requiere un compromiso efectivo del gobierno de la presidenta Fernández y de los dirigentes políticos con la protección de la integridad y la seguridad de quienes ejercen el periodismo, así como con el respeto a la crítica, el pluralismo y la deliberación pública.
¡Empecemos con erradicar la violencia del discurso oficial y de los debates parlamentarios!»
Asimismo, el Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales acordó manifestar lo siguiente:
Expresamos nuestras sinceras condolencias y cercanía a la familia y personas allegadas de don Camilo Rodríguez Chaverri, ante el profundo dolor que causa este crimen. Esta solidaridad abraza a la comunidad de las ciencias de la comunicación y honra la memoria de otras personas periodistas asesinadas en Costa Rica, Parmenio Medina Pérez e Ivannia Mora Rodríguez, cuyos nombres reclaman verdad y justicia.
Reafirmamos que la defensa de la libertad de expresión, de investigación, de prensa y de manifestación atañe a toda la sociedad por tratarse de derechos humanos indivisibles; vulnerar a quienes informan, investigan o alzan la voz erosiona las bases democráticas de la ciudadanía en su conjunto.
Exigimos que cesen las negativas de acceso a la información pública, pues la opacidad también restringe el trabajo periodístico, y las dinámicas de violencia en redes sociales. Este llamado interpela no solo a las autoridades y liderazgos políticos ya señalados, sino también a otros espacios con capacidad de influencia incluidas organizaciones de diversa índole y liderazgos religiosos, para que rechacen cualquier discurso que justifique, minimice o alimente la hostilidad hacia la prensa o las personas críticas.
Ante la fractura del diálogo público, hacemos un llamado a cultivar la tolerancia y la escucha genuina frente a las necesidades y posturas diversas, como condición necesaria para fortalecer la convivencia democrática y el respeto a la dignidad humana en Costa Rica.
Instamos a la Asamblea Legislativa y a las instituciones competentes a impulsar, con participación de la academia y la sociedad civil, una regulación de la violencia en los entornos digitales, acorde con los estándares interamericanos de derechos humanos. La violencia que circula y se amplifica en estos espacios no se queda en lo virtual: produce daños psicológicos, sociales y físicos en las personas, deteriora la convivencia y puede escalar hasta en agresiones directas e, incluso, el exilio de personas que se ven forzadas a abandonar el país para resguardar su vida e integridad, como ya ocurre.
Por ello, es necesario exigir a las plataformas transparencia en sus algoritmos de recomendación y en la moderación de contenidos, mecanismos eficaces y oportunos para atender denuncias por amenazas, hostigamiento e incitación a la violencia, y rendición de cuentas por la amplificación de discursos que ponen en riesgo a voces críticas. Esta regulación nunca debe convertirse en un instrumento de censura previa ni de control gubernamental sobre los contenidos, sino en una garantía para el ejercicio pleno de la libertad de expresión.
Por nuestra parte, ponemos a disposición de la sociedad costarricense las investigaciones que desarrollan el PROLEDI y las unidades académicas de la Facultad de Ciencias Sociales, y continuaremos abriendo espacios académicos de análisis y reflexión, así como a acompañar a estudiantes y personas periodistas en la defensa de su derecho a informar.
Suscriben en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes,
Dra. Isabel Avendaño Flores, Decana, Facultad de Ciencias Sociales
Dra. Patricia Fernández Esquivel, Escuela de Antropología
M.A. Gréttel Aguilar Santamaría, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva
Dra. Tania Rodríguez Echavarría, Escuela de Ciencias Políticas
D.E.A. Pascal Girot Pignot, Escuela de Geografía
M. Sc. Claudio Vargas Arias, Escuela de Historia
M.Sc. Amaryllis Quirós Ramírez, Escuela de Psicología
Dr. Mauricio López Ruiz, Escuela de Sociología
Dra. Rita Meoño Molina, Escuela de Trabajo Social
Dr. Javier Tapia Balladares, Instituto de Investigaciones Psicológicas
Dra. Adriana Sánchez Lovell, Instituto de Investigaciones Sociales
Dr. Ronny Viales Hurtado, Centro de Investigaciones Históricas de América Central y representante de los centros de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales
Dr. Adrián Pignataro López, Posgrado en Ciencias Políticas y representante de los programas de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales
